La situación actual no es sencilla. Un cóctel de problemas políticos y económicos acecha con potencia. Puede ser sólo un asunto pasajero o tal vez sea un poco más grave. Negar la realidad no parece ser el mejor camino. Por eso los gobiernos de la región y la sociedad en su conjunto necesitan comprender lo que sucede y actuar, entonces, en consecuencia.
Desde comienzos de este 2018 han aparecido significativas señales de alarma en el horizonte. La política y la economía decidieron decir presente en diferentes momentos, con una agenda tan frondosa como variada.
La coyuntura no da respiro y a los problemas cambiarios e inflacionarios que irrumpieron, hace poco tiempo, ahora se agregan otros vinculados a la corrupción que han generado un tembladeral que no se puede disimular.
Nadie sabe con precisión si todo esto se terminará diluyendo en pocos meses o si es una de esas turbulencias que, por sus atributos, vino para quedarse y se constituirá en un hito en la cíclica historia de esta nación.
Tal vez no valga la pena aventurarse a predecir un resultado definitivo, porque eso depende de cómo y cuándo reaccionen la comunidad toda y la clase dirigente frente a larga lista de acontecimientos cotidianos.
Los más optimistas dirán que lo que ocurre no es para tanto y que pronto se retomará el rumbo correcto dejando atrás esta anecdótica circunstancia. Otros serán más pesimistas y hablarán de una crisis terminal sin solución.
El punto es que en el "mientras tanto" se debe tomar postura y salir entonces de la eterna comodidad que ofrece la posición de crónico espectador pasivo de este espectáculo poco agradable que toca transitar.
La inmensa mayoría de los resortes que cambiarían drásticamente las perspectivas generales está en manos de los tres poderes del Estado nacional que tienen la potestad de hacer algo trascedente al respecto.
Claro que esa determinación tiene muchos condimentos políticos, sobre todo teniendo en cuenta que se avecina una elección general clave y eso condiciona enormemente el sesgo de las medidas de fondo a implementar.
También es vital saber cuál es el verdadero diagnóstico que tienen quienes deben tomar las riendas y no pueden siquiera delegar el mando. Si ellos minimizan los datos que aporta la realidad será difícil salir de este trance y si exageran la nota puede que eso los inmovilice y eso sea aún mucho peor.
En ese contexto, los gobiernos provinciales tienen también su rol. Los del nordeste argentino con sus propias particularidades, deben asumir una parte de la tarea y por lo tanto acomodar sus agendas frente al vendaval.
El impacto económico de las sucesivas devaluaciones tendrá sus replicas locales y eso no se puede evitar. La pérdida de poder adquisitivo de los que tienen ingresos fijos, los inconvenientes en la cadena de comercialización y una extensa nómina de esperables tropiezos serán moneda corriente.
Claro que las finanzas provinciales también recibirán su dosis proporcional de los daños que trae consigo esta "tormenta". Eso también se hará notar pronto y se debe estar suficientemente preparado para esa nueva dinámica.
Bajo este esquema los gobiernos provinciales están situados frente a un dilema gigante. Deben decidir si priorizar su "caja" propia o acompañar a la sociedad que está lidiando con el cimbronazo económico a diario.
Todos los estamentos del Estado, tanto el nacional, como los provinciales y municipales, están haciendo cuentas para reacomodarse. Lo hacen pensando en esos presupuestos del año entrante que deben consensuar con Nación y aprobar parlamentariamente en muy pocas semanas más.
El arte de cada gobierno estará en encontrar la combinación exacta entre sus finanzas y la realidad ciudadana. No será una labor simple, porque se lidiará con una "sábana corta" de la que todos sólo querrán tirar de su lado.
Muchos líderes políticos estarán tentados de privilegiar las arcas públicas por sobre cualquier otra meta. Para eso apelarán entonces a la reiterada y poco original herramienta de la creación sistemática de nuevos impuestos, tasas y tarifas o, tal vez, sólo intenten incrementar las alícuotas vigentes.
Quienes vayan por ese camino sólo estarán pensando en compensar las eventuales bajas de los ingresos fiscales que ya están previendo y mantener así una especie de "status quo" para que todo siga de igual modo.
Algunos recorrerán este camino por pura mezquindad y otros por absoluta ignorancia. En ambos casos será una decisión equivocada con consecuencias que sólo agravarán mucho más el ya complejo presente.
Si se mantiene una presión tributaria doméstica directa e indirecta muy elevada, eso sólo terminará ahogando a la gente y entonces el circuito económico local se debilitará destruyendo empleo genuino, reduciendo el salario real y bajando la productividad que de por sí no es la óptima.
No existe una receta única para transiciones como estas, pero sería más que deseable que los gobiernos de la región reflexionaran acerca de cómo mitigar el impacto de los ciudadanos ante este difícil trance, dejando de lado sus tradicionales soluciones que sólo pretenden sostener a la política.