Durante una de las disertaciones realizadas el sábado último por la mañana en el marco de las VII Jornadas Nacionales de Psicología y DDHH, organizadas en nuestra ciudad por la Federación de Psicólogos de la Argentina y la Asociación de Psicólogos de Formosa (APF), destacados profesionales subrayaron la importancia de garantizar a todos los ciudadanos el derecho a recibir atención en materia de salud mental, en un contexto internacional en el cual los trastornos mentales se incrementan. Además, afirmaron que se deben dejar de lado prejuicios acerca de los padecientes y no estigmatizar a esas personas.
En el Galpón C del Paseo Costanero se desarrolló el panel "Procesos de desmanicomialización. Prácticas profesionales en clave de derechos", que contó con los siguientes disertantes: el escritor, actor y dramaturgo Alan Robinson, quien expuso sobre su experiencia tras haber sido internado dos veces por diagnósticos relacionados a padecimientos mentales; la bibliotecaria Julieta Núñez, quien se refirió a su labor de biblioterapia en hospitales; y el licenciado Gustavo Gómez, del Servicio de Salud Mental del Hospital Distrital 8, quien reflexionó sobre la accesibilidad a la salud de personas con padecimientos mentales.
En último lugar, disertaron el psicólogo forense Marcelo Gon y la doctora María Fátima Pando, asesora de Menores e Incapaces de Cámara de la Justicia local, quienes expusieron sobre la interdisciplina en los procesos judiciales y la restricción de la capacidad en personas con padecimiento mental.
El licenciado Gómez planteó que en el caso de la salud mental, la falta de accesibilidad sigue siendo un problema contemporáneo en varios países. "Los trastornos mentales tienen una alta prevalencia en América Latina y el Caribe. A partir del rótulo 'paciente psiquiátrico', comienzan a circular variadas maniobras que posibilitan la evasión, la indiferencia, la negación o la exclusión de la atención médica. Y las dificultades para recibir las prestaciones incrementan la posibilidad de padecer otras enfermedades", comentó.
En este contexto, valoró la importancia de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, que consagra varios derechos para los padecientes. "El Estado reconoce el derecho a recibir atención sanitaria y social integral humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de su salud", indicó.
"El estigma hacia la enfermedad mental es un fenómeno complejo y se presenta en todas las sociedades. Por ello, la descripción exhaustiva del contexto del paciente es necesaria para pensar los modos de interacción con el padeciente", agregó.
"Desde sus inicios, la configuración espacial denominada 'Circuito 5' se estableció en un marco de precariedad, no sólo edilicia sino también de organismos sustentables para garantizar a las personas la satisfacción de sus necesidades básicas, como trabajo, salud, vivienda y educación. Este escenario generó situaciones económicas inestables, que orientaron que los medios para cubrir los requerimientos no fueran siempre los más adecuados. Y muchos profesionales se negaban a trabajar en ese sector por temores ligados a la criminalidad", especificó el experto.
Para finalizar, Gómez resaltó que en la actualidad, las políticas provinciales dirigidas a garantizar el acceso a los servicios de salud mental incluyen la creación y la ejecución del Protocolo de Actuación Provincial para la atención a las personas con padecimiento mental o consumo problemático de sustancias.
Por su parte, Robinson explicó que con la nueva Ley de Salud Mental, todas las personas tienen derecho a revertir su padecimiento mental. "Desde hace 300 años, las personas con padecimiento mental somos invisibilizadas, porque se plantea una angustia, un misterio: cómo se nos denomina. Ahora, por ley, se nos llama 'padecientes mentales'. Por eso, el padecimiento mental se puede revertir. Y esto es un avance en materia de derechos civiles".
La interdisciplinariedad
El licenciado Marcelo Gon consideró que existen representaciones sociales sobre la locura que obedecen a "un modelo tutelar, que sigue imperando de modo hegemónico"; y añadió: "Hoy, tanto Núñez como Robinson están trabajando para desmitificar estos conceptos, y acercar vivencias y experiencias, para pensar en el sufriente mental".
Asimismo, Gon indicó que hace dos años se conformó en la Justicia local el equipo interdisciplinario que debe intervenir en trámites judiciales que involucran a personas con padecimiento mental, en el marco de las modificaciones legales introducidas en los últimos años, y se elaboró un protocolo para evaluar a cada paciente.
En esta línea, la doctora María Fátima Pando explicó lo que la interdisciplina significa en la Justicia y en el plano de la salud mental. "La idea de capacidad jurídica cumple un rol central. Nos convierte en sujetos de derecho, capaces de diseñar nuestros proyectos de vida", destacó.
"Históricamente, se entendió que por tener algún tipo de discapacidad, una persona no podía ejercer su capacidad jurídica y que había que restringir pidiendo una curatela. Así, la persona no podía hacer nada. El primer ítem normativo surgió en 2008, con la Convención de las Personas con Discapacidad, que es parte de la Constitución Nacional desde 2012, y luego se sancionó la nueva Ley de Salud Mental, que modificó el Código Civil de Vélez Sarsfield", relató.
"La Ley 26.657 instaló las sentencias 'a medida'. Un juez de Familia no puede dictar una sentencia de restricción de capacidad si no tiene antes el informe del equipo interdisciplinario. Esto significó un salto de calidad, y con errores y contramarchas, vamos avanzando. El equipo determina la manera en que una persona con padecimiento mental puede ejercer la capacidad jurídica", manifestó la letrada.