El presidente Mauricio Macri se excusó de intervenir en toda cuestión relacionada con Correo Argentino, la empresa que pertenece a su familia y con la que hace dos años su administración arribó a un acuerdo de pago que suscitó la apertura de varios expedientes.
La decisión se plasmó en el decreto 882/2018, que se publicó este jueves en el Boletín Oficial, cuatro meses después de que la Oficina Anticorrupción indicara que el jefe de Estado debía "abstenerse de ejercer la facultad de abocarse al conocimiento de los procesos judiciales sobre dicha empresa en que sea parte el Estado Nacional".
Por acuerdo entre Correo Argentino y el Gobierno se abrió una causa penal, que está a cargo del juez Ariel Lijo y en la que están imputados Macri y el actual ministro de Defensa Oscar Aguad, y dos expedientes administrativos: uno de la OA y otro de la Procuración del Tesoro.
Ambos organismos concluyeron que no hubo irregularidades, pero la resolución que adoptó la Procuración fue apelada por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien entendió que la investigación fue incompleta. Esa apelación, establece la ley, debía ser resuelta por Macri, cuya excusación se oficializó hoy. Ahora la decisión quedará a cargo de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti.
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"En tanto mis familiares (...) mantengan sus participaciones societarias en las empresas controlantes de CORREO ARGENTINO S.A. -expresó Macri en los considerandos del decreto- considero encontrarme alcanzado por el deber de abstención que dicha norma legal impone, motivo por el cual, razones de decoro, delicadeza y transparencia en el ejercicio de la función pública resultan el fundamento pertinente para proceder a mi excusación en la intervención que pudiera corresponderme respecto de cualquier asunto relacionado con la mencionada empresa".
El Correo Argentino es una empresa de la familia Macri que en 2001 dejó de pagarle al Estado nacional el canon y en 2003 fue estatizada por el entonces presidente Néstor Kirchner. Por la deuda, se inició una causa judicial por el saldo original de 296 millones de pesos. En ese expediente, el Gobierno y la empresa llegaron en junio del 2016 a un acuerdo de pago. Pero la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, lo objetó por "abusivo y perjudicial" para el Estado y pidió que sea rechazado. Sostuvo que implicaba una quita del 98,2% de la deuda porque no se le aplicaban intereses y así la condonación a la empresa alcanzaba 4.227 millones de pesos.
El caso generó críticas políticas. Tanto la oposición como algunos dirigentes del oficialismo objetaron que desde el mismo Estado que encabeza Macri se haya hecho un acuerdo con una empresa familiar. Luego, el Gobierno retiró de la justicia el acuerdo con el Correo. La causa comercial sigue abierta y la deuda de la empresa vigente.