La Defensoría del Pueblo advirtió este lunes que centenares de beneficiarios de pensiones no contributivas de la provincia de Formosa, especialmente los que perciben por invalidez, vienen recibiendo cartas-documento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), intimándolos a que actualicen sus datos médicos, otorgándoles un plazo de 60 días, a partir de los cuales se procedería a la suspensión del pago de la pensión.
Según el organismo, esta medida de la ANDIS, a cargo de Santiago Ibarzábal, está basada "supuestamente en las resoluciones 219/39, 219/44 y en los artículos 25 y 26 del anexo del Decreto Nº 432/97, previéndose aplicar subsidiariamente la ley 19.549 y el Decreto Nº 1759/72 (to.2017)". La Agencia Nacional depende de la actual ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley.
Ante esta situación, el ombudsman provincial, José Leonardo Gialluca, interpuso en el día de ayer una formal queja y reclamo administrativo contra este sistema digital habilitado unilateralmente, y pidió que hasta tanto las personas con discapacidad, sus familiares y además los hospitales públicos, centros de salud, se encuentren en condiciones de cumplir con las exigencias implementadas, se suspenda con efecto retroactivo todo tipo de intimación a discapacitados.
También exigió la implementación de un Programa de Información y Capacitación dirigido a todos los sectores involucrados, señalando la necesidad de un relevamiento de la real existencia de conectividad y de equipamientos tecnológicos adecuados para la finalidad que se pretende.
El funcionario provincial señaló que "en primer término, necesitamos institucionalmente que se nos explique lo que denuncian los familiares de los pensionados por invalidez, en el sentido de que los hospitales públicos y los distintos efectores de atención de diferentes grados que existen en nuestra provincia y en todas las jurisdicciones de nuestro país, con los cuales se ha comunicado la Defensoría, no tienen idea de lo que se les está hablando y, por otro lado, no se encuentran en condiciones técnicas y menos aún poseen médicos capacitados para confeccionar el certificado médico oficial digital que se está exigiendo".
Por otro lado, se hizo notar que "si los médicos y los hospitales no tienen conocimiento de lo que estamos hablando, y nadie los ha capacitado para realizar estos trámites digitalmente, en las provincias del Norte, en el caso de la baja de una prestación, el beneficiario se verá obligado a realizar nuevamente el trámite, lo que le traerá como consecuencia que durante años no podrá tener acceso a tratamientos médicos esenciales, a descuentos en medicamentos, en prótesis, etc".
Gialluca consideró que antes de llegar a esta situación "se debió tener en cuenta que todo este sistema perverso está dirigido a personas que son 'analfabetos digitales' y con gravísimos problemas para acceder a las tecnologías que se pretende imponerles desde el Gobierno nacional".
"Básicamente lo que se busca o se pretende desde el Estado nacional, pero no lo dicen públicamente, es suspender y eliminar preventivamente unas 190.000 pensiones no contributivas", denunció el defensor del Pueblo.