La etapa más sangrienta de la historia argentina comenzó el 24 de marzo de 1976, con el Golpe de Estado a la expresidenta María Estela Martínez de Perón, y se extendió hasta el 10 de diciembre de 1983, con la llegada de Raúl Alfonsín a la presidencia. Durante el mal llamado "Proceso de Reorganización Nacional" -que en realidad fue la aplicación de un plan sistemático de exterminio y apropiación de bebés- se vivió en todo el país un clima de terror e inseguridad, extorsiones, violencia, secuestros e incertidumbre. En Formosa, fueron detenidos, torturados y asesinados gremialistas o militantes peronistas con convicciones, con sueños e ideas, y en la mayoría de los casos, ni siquiera tenían una vinculación con grupos armados o terroristas. Según explicó Caraballo, el foco de represión en la provincia estuvo puesto sobre las Ligas Agrarias y los empleados judiciales, como se vio en la causa Carrillo.
"En el año 1984 y 1985 se presentaron distintas denuncias ante el Juzgado Federal por parte de víctimas y familiares. Una de las denunciantes fue Felicita Giménez, la esposa del abogado desaparecido por defender a los trabajadores judiciales en agosto de 1976, Fausto Augusto Carrillo. Con Carrillo desaparecieron otros cinco empleados judiciales, algunos secuestrados en sus hogares y otros, en los tribunales provinciales que tenía un Superior Tribunal de Justicia adicto al proceso y sometido a las órdenes del genocida que se desempeñó como gobernador, Juan Carlos Colombo", relató.
En la mal caratulada causa "Carrillo", la causa madre, contaron su calvario los formoseños Roberto Antenor Gauna, Ismael Rojas, Elsa Chagra, Raquel Levi, Adriano Acosta, Alberto Britez, Rodolfo Acosta, Sergio Domínguez, Carlos Sotelo, Nelly Daldovo y varios más, como los familiares de los desaparecidos Mirta Insfrán, Ricardo Bogner, Zulma Sena, Francisco 'Pancho' Bogarín, Porfirio Domínguez, Cantalicio Mazacote, quienes, hasta el presente, siguen padeciendo el calvario de no saber dónde están los restos de sus seres queridos.
Oportunamente, esta causa fue archivada por el entonces juez federal Luis José Vivas, quién se valió de las leyes de 'Punto Final' y 'Obediencia Debida', promulgadas por Alfonsín en el 86 y el 87, para congelar el proceso. "Alfonsín avanzó mucho en el juzgamiento a la Junta, pero se empezaron a ver movimientos de caras pintadas que atentaban al cuadro democrático. Las armas estaban aún calientes y el partido militar tenía vigencia", contextualizó el abogado.
No obstante, la "Causa Carrillo" reinició con mayor firmeza cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner y se retomó la política de Estado en materia de DDHH, una vez removidos los obstáculos legales: "Se sumaron denuncias y nuevos testimonios y además se produjeron las primeras detenciones de los represores de las distintas fuerzas de seguridad federales y provincial y del Ejército argentino".
Colombo
Por una cuestión de celeridad y economía, la causa madre empezó a desdoblarse en causas más concentradas. Se privilegió en la investigación el caso del exgobernador Colombo, condenado en el 2009 a 25 años de prisión, por distintos delitos como: asociación Ilícita, tormentos, privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzosa de tres formoseños.
El genocida Colombo fue gobernador en Formosa entre 1976 y 1981 y tuvo una estrecha relación con el expresidente de facto Jorge Rafael Videla. "Un hombre fuerte de la dictadura y pudo defenderse con todas las garantías constitucionales que él no concedió a sus víctimas y fue el único exgobernador de la provincia llevado a un juicio oral y público del país", lo describió Caraballo.
"Recurrió su condena pero la misma fue confirmada en todas las instancias judiciales por lo que la sentencia quedó firme. Por esta razón, cuando fallece no lo hizo en estado de inocencia ya que los tribunales de la Nación confirmaron en todos los casos los hechos que se le atribuían y le adjudicaron el rol del jefe de la Asociación Ilícita del Estado Terrorista de Formosa".
Camicha
El segundo juicio por delitos de lesa humanidad en Formosa se realizó en el año 2013 al represor Juan Carlos Camicha, exsuboficial del Ejército, quien durante la dictadura militar prestó servicios en el Regimiento de Infantería de Monte 29.
Fue condenado en noviembre del 2013 junto a otros 8 genocidas, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el CCD "La Escuelita", durante los años 1976-78. Le otorgaron una pena de 25 años de prisión, como coautor de los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad agravada en 74 hechos probados, tormentos agravados en 43 casos y tormento agravado seguido de muerte en cuatro hechos.
En noviembre del año pasado una resolución del Tribunal Oral Federal de Formosa, benefició con prisión domiciliaria al genocida y el repudio y la preocupación de los diferentes organismos de Derechos Humanos, no tardaron en hacerse eco.
"En el juicio "Camicha" se profugó el jefe de Inteligencia del RIM 29 y Area 234 Capital Angel Spada. No obstante fueron condenados oficiales del Ejército de alto rango, de la Gendarmería Nacional y de la Policía de la provincia de Formosa", comentó Caraballo sobre esta causa.
Echeverría
En el año 2014, se realizó el juicio al comisario General Agustín Echeverría, quien fuera sub jefe de la Policía de la provincia de Formosa en período democrático. Fue procesado y detenido por los delitos de desaparición forzada de personas en función del delito de homicidio, privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y asociación ilícita, perpetrados como delitos de lesa humanidad durante del terrorismo de Estado. "Echeverría fue condenado por un solo hecho, siendo el juicio que más dolor aparejó a las víctimas por la desidia del Tribunal", comentó el abogado querellante.
En el 2016, un año después de haber sido condenado a siete años y seis meses de prisión, como partícipe secundario en delito de tormentos agravados contra una víctima del terrorismo de Estado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa (TOCF) elevó la pena a diez.
Domato
"En el año 2015 se pudo juzgar a un personaje emblemático del terror de Estado, como fue el caso del comandante Mayor de GN Horacio Rafael Domato, célebre por su presencia y participación en la mayoría de los aberrantes delitos que se ventilaron en el juicio como secuestros, torturas y desapariciones. Fue condenado a 25 años de prisión cumpliendo en la actualidad dicha condena en la U-10".
LA MEMORIA CONTINÚA
"Los querellantes continúan junto a las organizaciones de DDHH como la APDH y la Liga Argentina batallando en sede judicial por la realización de nuevos juicios, para determinar la identidad de bebés apropiados y que fueron inscriptos como nacidos en Formosa, conocer el lugar donde están los desaparecidos, que desde 2005 hasta el presente no se pudo determinar en ningún caso, solicitar que los prófugos sean hallados y extraditados, poder llevar a juicio por encubrimiento, violación de los deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad en el marco del plan genocida de exterminio y delitos de lesa humanidad de los jueces del Superior Tribunal de Justicia del Estado terrorista", reflexionó.
En este sentido lamentó "la mayor frustración que sentimos muchas personas es que en el territorio de Formosa, en todos estos años, no hayamos podido encontrar un solo cadáver de un desaparecido, que existen más de 50. Hemos recibido mucha información, como también pescados podridos que no conducían a nada, pero nunca logramos determinar dónde se encuentran los cuerpos", expresó.
Williams Dardo Caraballo fue el abogado querellante en las causas por delitos de lesa humanidad en Formosa.