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Vuelven a juzgar a exfuncionarios de la UNaF en la causa de los títulos apócrifos



Este miércoles a las 9, en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, dará comienzo el nuevo juicio a los exfuncionarios de la Universidad Nacional de Formosa procesados por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en la denominada causa de los "títulos truchos".Estarán sentados en el banquillo de los acusados el exrector de la universidad de Formosa Carlos Dalfaro, el exdecano Carlos Quijano, el contador Víctor Seminara, el secretario general del gremio UPCN, Isabelino Idoyaga, Marcelo Castro y Rubén Espínola. Todos habían sido absueltos en el juicio oral y público que tuvo lugar en el mes de julio de 2016, pero en esa oportunidad el fiscal Luis Benítez y los abogados querellantes de la UNaF apelaron el fallo judicial y meses después la Cámara Federal de Casación Penal anuló la sentencia y ordenó la realización de un nuevo juicio con un tribunal que esté conformado por otros jueces.A más de dos años de aquel recordado juicio, el día de la nueva audiencia llegó y hoy volverán a ser juzgados todos los imputados de este sonado caso de alcance internacional, a excepción de la contadora Roxana Viggiani, cuya absolución dictada por el Tribunal Oral quedó firme al no ser recurrida ni por el fiscal ni por la querella.También deberá comparecer como acusado Carlos Gorosito, quien fuera el nexo de las carreras a distancia que oportunamente fueron cuestionadas por los denunciantes, algunos de ellos ciudadanos españoles que obtuvieron sus diplomas y que posteriormente fueron homologados por la Cámara Federal de Resistencia.Nuevo tribunalEl tribunal que juzgará por segunda vez este caso está integrado por los jueces Juan Manuel Iglesias, Rocío Alcalá y Norma Nilda Lampugnani, de las provincias de Chaco y Misiones, respectivamente.Antes de iniciar el debate propiamente dicho, el tribunal deberá resolver varios planteos formulados por los abogados defensores del grupo de acusados. Como los hechos sometidos a juicio ocurrieron en el año 2005, el pedido más importante tiene que ver con la declaración de prescripción de la acción penal, debido al tiempo que transcurrió entre la denuncia y la sentencia que luego fue anulada.También realizaron cuestionamientos referidos a la falta de sustento de la acción penal y algunas nulidades respecto de determinados actos procesales dentro de la causa judicial.Si el tribunal hace lugar a estos pedidos, todos los imputados quedarán absueltos y la audiencia no tendrá razón de ser; pero si los jueces no hacen lugar a dichos planteos, el debate comenzará en forma automática con la lectura del requerimiento fiscal y la invitación a los acusados a que declaren ante el tribunal y las partes.Los abogados defensores dijeron a La Mañana que tienen confianza en que el tribunal dará curso a los planteos defensivos, atento al tiempo transcurrido, la convalidación de los títulos y la ausencia de reproches por parte de los organismos de control, como la Auditoría General de la Nación y los propios organismos de fiscalización de la Universidad. El casoPor este hecho fueron llevados a juicio y ahora serán nuevamente juzgados el exrector de la UNaF Carlos Antonio Dalfaro, el exdecano de la FAEN Héctor Quijano, Roberto Víctor Seminara, Eladio Marcelo Castro, Isabelino Idoyaga, Jorge Gorosito y Héctor Rubén Espíndola.La causa investigaba una articulación administrativa en la que participaron el Instituto Español "Cibernos", el World College de Tierra del Fuego y la UNaF, a través del cual los ciudadanos españoles y de Formosa podían estudiar y recibir un título que luego fue denunciado como falso.La Licenciatura en Sistemas, que entregaba la UNaF, tenía un costo de 7.400 euros, con una hora y media de clases semanales.En el juicio oral y público realizado en Formosa hace más de dos años, la Fiscalía había pedido penas de 8 años de prisión para el exrector Dalfaro, 7 años para Quijano y 5 para Idoyaga, titular del gremio estatal de UPCN. En el mismo sentido, se había pronunciado la parte querellante.El Tribunal Oral en lo Criminal de Formosa decidió sin embargo absolver a todos los acusados, pero este fallo fue recurrido por el fiscal general Luis Benítez y por los abogados de la querella, quienes presentaron sendos recursos de Casación.Fallo sin motivaciónCon posterioridad, el Tribunal Federal de Casación hizo lugar a los recursos de Casación del fiscal general y de las querellas y anuló la sentencia del tribunal, ordenando la realización de un nuevo juicio.El tribunal fue muy severo a la hora de analizar y criticar por "graves defectos y falta de fundamentación" el fallo que absolvió de culpa y cargo a todos los acusados.Uno de los argumentos principales de los jueces de Casación para anular fallo absolutorio fue la falta de motivación del mismo, cuyo incumplimiento se conmina con la nulidad. Casación advirtió que los jueces dedicaron sus esfuerzos en cuestionar la investigación, la supuesta acumulación de hechos inconexos, su duración, la imprecisión de las acusaciones, la demora en notificar a los imputados su calidad de tales y la supuesta asimetría en el tratamiento de situaciones que a su juicio lucían iguales, entre otras, invocando una supuesta oscuridad de la investigación en general y de los requerimientos de las partes acusadoras en particular.El fallo de Casación también criticó al Tribunal Oral de Formosa porque optó por realizar un análisis parcializado de los distintos hechos, lo que importó el arribo a soluciones parciales al margen de las reglas de la sana crítica racional y una fragmentación irrazonable de cuestiones que, si bien pudieron constituir diferentes hechos, se encontraban íntimamente enlazadas.Casación advirtió que las pruebas indicaban que lo sucedido con el Instituto Cibernos de Madrid no se había tratado de un suceso aislado sino que la suscripción de convenios por parte de las máximas autoridades de la UNaF/FAEN resultó ser una modalidad que se repitió a nivel local y que, en ambos casos -local e internacional-, a pesar de que eran inválidos o no habían sido aprobados por las autoridades competentes, fueron igualmente ejecutados, lo que determinó un ingreso de dinero que era recibido en propias manos de los funcionarios.


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