Al ser consultada sobre este tema, la licenciada Marianela Sarabia, docente y economista especializada en nuevas tecnologías, afirmó a La Mañana que la norma que se impulsa en la actualidad fomenta la polarización a nivel productivo y un sistema regresivo en términos tributarios. Por estas razones, pidió que se debata un marco regulatorio amplio y apropiado para lograr un óptimo desarrollo de esas actividades económicas y reducir las inequidades.

"La política que se quiere implementar no resulta progresiva, a pesar de que apunta al desarrollo de industrias digitales en diversas dimensiones. Hay empresas que estarían abarcadas dentro de la aplicación de la ley que ya están muy asentadas a nivel país y en el resto del mundo, y no necesitan financiamiento para aumentar la promoción de la actividad del sector, mientras que todo lo relacionado con digitalización está muy vinculado a la provisión de servicios básicos de infraestructura de electricidad y de conectividad con restricciones a nivel territorial muy marcadas en diferentes puntos de la Argentina, lo cual dificulta esos procesos productivos", explicó Sarabia a este diario.

A continuación, la profesional opinó que sería más efectivo generar "capacitación masiva" para poner a disposición de las pequeñas y medianas empresas ciertas tecnologías que tienen difusión en la actualidad, y no exclusivamente desarrollar sectores vinculados a la industria 4.0.

Por otra parte, la experta subrayó que existe una discusión amplia en los que se refiere a convenios laborales para sectores como el de Marketplace a raíz de una polémica surgida en medios nacionales sobre la situación del personal de las empresas de comercio electrónico, al igual que en lo referente a las cargas impositivas de ese sector, que son menores a las abonadas por otros tipos de compañías, para evitar una "regresividad fiscal, productiva y social".

Sobre este tema, la profesora puntualizó que en aquellas empresas que se dedican a la "economía de plataforma" -aquella que se organiza en comunidades de usuarios que colaboran entre sí a través de una plataforma digital-, existen situaciones de "precarización extrema del trabajo", entre otras problemáticas que deberían ser resueltas por las autoridades. En este sentido, la economista dijo que hay una discusión amplia sobre las aristas que abarca el mercado de comercio y pagos electrónicos.

Asimismo, la especialista aseveró que la nueva norma debería contemplar un mayor entramado institucional para ciertas actividades, como la trazabilidad de pagos, que implica cooperación con el Banco Central, la Comisión de Valores y otras instituciones públicas que regulan el ámbito de operación. "Esto debería estar más definido tanto en el marco de la ley como en el contexto de su implementación posterior", acotó.

En otro orden, Sarabia consideró que todavía hay muchas personas que no utilizan el Home Banking para efectuar el pago de servicios o compromisos vitales. Por ello, existen muchas instancias de "educación digital" que deberían ser impulsadas por las autoridades, para poder generar un "piso básico" con el fin de impulsar el hábito de efectuar esas operaciones. A su vez, recomendó promover una adecuada gestión de "conocimiento aplicado" en términos de tecnología en las empresas.

Para finalizar, Marianela Sarabia marcó la necesidad de incluir en las currículas educativas contenidos relacionados con la utilización de herramientas digitales, para así establecer desde el sistema educativo y por medio de otras instancias de formación una "vinculación secuencial" de los educandos con el uso de las nuevas tecnologías.

El proyecto de ley

Medios nacionales informaron que la iniciativa tiene como antecedente el Régimen de Promoción de la Industria del Software (Ley 25.922) y busca ampliar los beneficios de ese programa -que vence en diciembre próximo- y prorrogarlos hasta 2030.

El proyecto amplía el espectro de actividades alcanzadas por esa ley -referida a la de creación y desarrollo de software- a "servicios informáticos y digitales" como el "desarrollo de productos de software que se apliquen a actividades como e- learning, marketing interactivo, e-commerce, servicios de provisión de aplicaciones", entre otros. También agrega rubros, dado que incluye a la producción audiovisual y la biotecnología.

Uno de los puntos clave del proyecto es el otorgamiento de "estabilidad fiscal" para las empresas que se inscriban en un registro especial, las cuales "no podrán ver aumentada su carga tributaria total nacional" mientras dure el régimen, a la vez que prevé una baja en el Impuesto a las Ganancias.
En este sentido, establece que esas empresas gozarán "por cada uno de sus trabajadores en relación de dependencia debidamente registrados de una detracción" equivalente a 17.509 pesos.

Como incentivo adicional, el proyecto fija un "bono de crédito fiscal transferible por única vez, equivalente a 1,6 veces el monto de las contribuciones patronales que corresponda pagar", el cual deberá ser aplicado "al pago de los importes a abonar" en carácter de anticipos o saldos de declaración jurada, en concepto de Ganancias e IVA.